¿Con cuál de las dos variables, inflación o productividad, han de emparejarse los salarios en los nuevos tiempos? He aquí una cuestión que está haciendo hervir la opinión pública y también las negociaciones sobre la reforma de los convenios colectivos en que están inmersos los sindicatos y la CEOE. El Pacto del Euro, muñido por Merckel & Sarkosy, condena a los salarios a bailar con la productividad, divorciándolos de su tradicional vinculación con el IPC (índice de precios de bienes y servicios de consumo). Pero, ¿en qué consiste exactamente este nuevo baile y qué se pretende con él?

Respecto al objetivo, no parece haber dudas: con un ceñido emparejamiento de salarios y productividad se intenta favorecer la competividad de las empresas. Como este cambio de parejas no garantiza a los asalariados mantener su poder adquisitivo, se endulza la propuesta arguyendo que una mayor competitividad provocará más ventas, más producción y por ende más empleo. En definitiva, se promete más puestos de trabajo futuros para las personas paradas a cambio de que las empleadas pierdan poder de compra. Promesas remotas e inciertas a costa de sacrificios inmediatos y ciertos. Me pregunto si es equilibrado, por no decir justo, este intercambio cuando escasea la confianza y abunda el cinismo.

Menos clara es la vinculación concreta a establecer entre salarios y productividad. Hay dos enfoques para ello, ambos cuestionables: uno macroeconómico, asociando la evolución de los salarios pagados por las distintas empresas de un país al ritmo de variación de un agregado nacional que represente la productividad, y otro microeconómico donde esta asociación se haga individualmente, empresa por empresa. Como es bien sabido, la tradicional ligación entre salarios e inflación ha sido de índole macroeconómica ya que las variaciones salariales se han anclado en la inflación IPC, que es una variable agregada nacional, medida y hecha pública oficialmente por el INE.

Un criterio macroeconómico puede ser el ajuste de los salarios nominales al ritmo de variación del cociente PIB real /empleo asalariado. Con ello se lograría estabilizar los costes laborales unitarios (CLU), es decir, el cociente entre costes laborales (salario medio x nivel de empleo asalariado) y PIB real, eliminando de esta manera un factor inflacionista interno o nacional. Ahora bien, según las estadísticas del INE sobre la distribución funcional de la renta nacional en el año 2010, los costes laborales suponen, aproximadamente, el 48 % del valor de la producción interior bruta, mientras que el excedente de explotación empresarial más las llamadas rentas mixtas se llevan el 43% y los impuestos indirectos netos de subvenciones el restante 9%. Por lo tanto, disciplinar los salarios de esta manera, sin controlar también las evoluciones del excedente y de la imposición fiscal indirecta, no es suficiente para mantener baja la inflación interna (medida por la tasa de variación del deflactor del PIB) y, de esta manera, ganar competitividad exterior. Además, ello conllevaría un proceso de reparto del PIB manifiestamente injusto, ya que con él se mermaría la cuota participativa del factor productivo menos culpable de la crisis (el factor trabajo).

Otro criterio macroeconómico para vincular salarios con productividad, que resulta socialmente más justo por no alterar la distribución funcional de la renta, consiste en ajustar la evolución del salario nominal a la del valor de la productividad agregada, es decir, P x (PIB/empleo), donde P es el deflactor del PIB (índice de precios de los bienes y servicios producidos en el interior de la economía). En este caso, la regla sería igualar el ritmo de variación de los salarios nominales a la suma de la inflación, medida por el deflactor (P), y la tasa de variación de la productividad.  Como el deflactor P y el IPC son índices de precios distintos, puede suceder que esta forma de disciplinar los salarios lleve a los asalariados a perder poder adquisitivo, pero al menos, en conjunto, conservarían la porción, que actualmente se llevan, del valor de la producción del país, tanto si este valor aumenta (en periodos de bonanza económica) como si disminuye (en épocas de crisis). ¿No es ésta una forma más equitativa de fomentar la competitividad de la economía? Sin embargo…

(Continuará)