Preliminares

Arde la economía en Euskadi, como en otras partes, abrasando  el empleo. La tasa de paro viene a ser el gran campo o edificio quemado, y los parados las grandes víctimas del incendio. Una sociedad con muchas personas paradas es una sociedad quemada, herida y levantisca. No hay equilibrio social cuando un alto porcentaje de la población está parada, sin ingresos. Los marginados terminan pasando de una primera actitud de ‘brazos caídos’ a otra de ‘brazos armados’.

Además, el paro está emergiendo como una gran nube tóxica que amenaza a nuestro sector bancario (bancos, cajas y cooperativas de crédito que operan en el País Vasco), pues contamina su cartera de créditos hipotecarios y personales, cargándola de morosidad e insolvencia, al no poder los parados hacer frente a sus compromisos financieros.  La fosa del paro está convirtiendo en “sub-prime” muchos prestamos que ‘a priori ‘ se concedieron con prudencia.

Ni decir tiene que, mientras no cese esta contaminación bancaria,  el flujo de crédito hacia las empresas se estrechará y se encarecerá (a pesar de la bajada del euribor, debido al fuerte aumento de la prima por riesgo), lo que provocará  una congelación en cadena de actividades económicas -producción, inversión y empleo-,  creándose un círculo vicioso  en el que el paro se auto-alimenta.

Otro efecto pernicioso del desempleo  es que se reducen las cotizaciones netas a la seguridad social, merma el número de afiliados y con ello, a largo plazo, se erosiona el sistema de pensiones en una sociedad donde la esperanza de vida es cada vez mayor.

De ahí que las medidas perentorias contra la crisis deben centrarse en proteger a  los parados y en fomentar el empleo. Y ello sin grave merma de los salarios reales de quienes continúen trabajando, porque si hay una importante y generalizada pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, las menores rentas laborales, además de contribuir también a la contaminación bancaria ya señalada, deprimirán el consumo reduciendo la demanda de bienes y, consiguientemente, la producción y el empleo. Con esto no quiero decir que los trabajadores no deban asumir sacrificios. Todos deberían hacerlo, pero con equidad. En este sentido, hay que recordar que la participación relativa de las rentas laborales en la renta nacional ha ido descendiendo en la última década, desde años anteriores a la crisis. La equidad sugiere que ahora es el turno de los excedentes empresariales, de su núcleo de beneficios.

 

¿Qué hacer contra la crisis?

Ya se sabe, para combatir el problema del paro y paliar sus secuelas deben simultanearse dos tipos de medidas, unas de urgencia, paliativas, de efectos rápidos, y otras  de más calado,  más profundas,  pero también, inevitablemente,  de acción y reacción más lentas, de efectos que asoman a más largo plazo. En otras palabras, hay que combinar un ‘tratamiento de choque’ con  reformas. He dicho ‘ya se sabe’, porque este enfoque dual de la política de empleo es obvio ante crisis económicas como la actual, que no son meramente transitorias o cíclicas sino que afectan al modelo de crecimiento e incluso al propio sistema económico.

 

 

También son conocidas, y en parte aceptadas, muchas medidas propuestas en ambas vertientes, la de la urgencia y la de las reformas. Y más, tras los debates públicos habido recientemente (sobre el estado de la Nación en las Cortes Españolas y a propósito de la elección del Lehendakari en el Parlamento Vasco).  Por eso, aquí comentaré sólo algunas de las más controvertidas, y abiertas todavía a discusión, y otras no tan conocidas.

 

El tratamiento de choque

 1.- Es perentoria la renta social o básica para los parados que hayan agotado el periodo de prestación por desempleo de la SS, pero con ciertas restricciones: con tiempo limitado; exigiendo realización de trabajos sociales o medioambientales, o en su caso formación; sin desincentivar la búsqueda de empleo en la economía  aflorada (contrapuesta a la economía sumergida). Las finanzas de las Diputaciones y del Gobierno Vasco están suficientemente saneadas como para encajar esta medida.

2.- Es muy razonable que a las pymes y los empresarios autónomos con problemas de liquidez se les permita aplazar el pago de impuestos (sociedades, IVA etc), siempre que mantengan el empleo. La merma de recaudación que transitoriamente sufran las  Haciendas Forales podría compensarse con la financiación que los bancos y cajas no conceden a estas empresas pero que no podrían negarla a estas instituciones públicas, dada su solvencia. Sin embargo, no simpatizo tanto con la medida de rebajarles los impuestos.

3.- Parece incuestionable la concesión de avales por parte de las Diputaciones y/o el Gobierno Vasco  a las empresas constructoras que vayan a llevar a cabo programas de obras pùblicas (VPO, infraestructuras etc) para que puedan vencer las restricciones financieras exigidas actualmente por la banca.

4.- Dada la holgura financiera con que cuenta el sector público vasco, el Gobierno Vasco, las Diputaciones y los Ayuntamientos deberìan coordinarse para poner en marcha sin dilación ni timidez presupuestaria  programas de incremento de gasto público en equipamientos sociales, infraestructuras viarias, regeneraciones medioambientales, actividades todas ellas intensas en uso de mano de obra.

5.- Esta es una crisis de confianza. La desconfianza se originó en el sistema financiero, pero se ha extendido por doquier, especialmente sobre la clase política  e instituciones gobernantes debido no sólo a sus fallos de previsión sino, sobre todo,  a su irritante lentitud en la toma de decisiones y en su ejecución. De ahí que en Euskadi se necesiten también comportamientos políticos y pautas de Gobierno que reestablezcan la confianza. Que el nuevo Gobierno vasco suscite confianza resulta crucial para regenerar Euskadi. Este debería ser su primer mandamiento.

 

Sobre las Reformas

Hay consenso en que las reformas deben encaminarse a propiciar un nuevo modelo de crecimiento económico que se asiente sobre una mayor productividad, o eficiencia, y sobre una mejora de la competitividad exterior, y que para ello es necesario potenciar las actividades I+D+i. En este punto, lo recomendable es dedicar más recursos (medios materiales y esfuerzo), tener más paciencia (los frutos inevitablemente se retrasan, siendo además inciertos) y constancia (sólo el que insiste gana), e intensificar la cooperación (el intercambio de ideas es creativo)

Menos consenso hay sobre la necesidad de cambiar también el modelo de sociedad y la ética imperante. Sin embargo, parece imparable el movimiento hacia una mayor responsabilidad social de las empresas, hacia un mayor control (incluso penalización) ex post de los directivos imprudentes (y codiciosos),  hacia una regulación más diligente de los mercados (y no sólo los financieros), hacia pautas de consumo y ocio más equilibradas y creativas, etc.

Centrándonos en el objetivo del empleo,  las reformas deberían servir para elevar la tasa de creación neta de empleo de forma sostenible. En este sentido, parece que es inevitable  reformar el mercado de trabajo, aunque  también  hay que advertir que al mismo tiempo que esta reforma, o incluso previamente, habría que hacer otras en otros mercados y sectores. Me refiero a la necesidad de cambiar  las reglas de juego en algunos mercados de bienes y de servicios (donde la opacidad, la  falta de competencia y los abusos consiguientes son evidentes),  en el sector financiero (gran cómplice  de la crisis actual) y en el conjunto de las Administraciones Públicas (tan irritantemente negligentes e improductivas)

Respecto a la reforma del mercado de trabajo, lo perentorio no es tanto introducir  más flexibilidad para despedir (facilitando la rescisión de contratos) como flexibilidad para organizar mejor el empleo existente y venidero. Así, hay margen tanto para mejorar la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores como para ajustar la intensidad de empleo de las plantillas existentes, reduciendo o ampliando las jornadas de trabajo, según convenga, o estableciendo rotaciones laborales, o incluso recurriendo a la contratación a tiempo parcial.

Por otra parte, hay que superar  esa  nociva dualidad del mercado laboral consistente en la coexistencia de  trabajadores con contrato temporal y trabajadores con contrato fijo. Habría que propiciar la convergencia hacia una modalidad de contratación única que fuese  intermedia entre  ambas. Con ella quizás se podría conseguir que muchos de los trabajadores fijos se sintieran menos “intocables” y se hiciesen más responsables y productivos. Asimismo, se evitarían algunos males que afectan actualmente a los trabajadores temporales mermando la productividad de las empresas, como son la siniestralidad por falta de experiencia  y la ausencia de formación y motivación.

Otro factor decisivo para relanzar la economía y fertilizar el mercado de trabajo es la mejora del capital humano y del capital tecnológico, éste último muy relacionado con el anterior, pues las actividades I+D+i sólo se pueden llevar a cabo con personal experto o preparado para ello. De ahí que la educación o formación, en sus distintas etapas y vertientes, es uno de los frentes donde hay que ser especialmente activos. El nuevo Gobierno Vasco afronta también aquí retos tan decisivos como delicados. Convendría que alcanzase pactos estables en educación escolar, universitaria, post-universitaria y extra-universitaria; pactos estables, porque las excesivas revisiones en el campo educativo son perjudiciales; y con educación extra-universitaria, me refiero a la formación profesional y continua  de  trabajadores ocupados o parados, para la que el concurso de los sindicatos es ineludible.

Por último, tres reflexiones sobre el sector público vasco. En primer lugar, que al ser tan complejo, pues en él coexisten hasta cuatro administraciones (las del Estado, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos), deberían evitarse solapamientos innecesarios y  mejorar la coordinación y cooperación entre las distintas instituciones. En este sentido, y puesto que su representación en las cajas de ahorro vascas es dominante, deberían ponerse de acuerdo, de una vez por todas,  para facilitar su fusión y crear una entidad financiera más sinérgica, solvente y servicial (para los intereses de la ciudadanía vasca; la mejor obra social que pueden hacer es precisamente ésta: captar ahorro para canalizarlo de la forma más eficiente posible a la financiación del consumo e inversión  necesarias, con especial atención a los marginados por los bancos; lo demás, son pamplinas). En segundo lugar, conviene que las Administraciones Públicas Vascas se tornen más eficientes en la producción de bienes y servicios públicos, sobre todo ahora en que se exige más productividad al sector privado. En tercer lugar, éstas deben ayudar al sector privado a reconvertirse, a relanzar las actividades económicas que son viables y a iniciar otras nuevas, pero sin pretender en principio sustituirlo, manteniéndose en su función subsidiaria. En una economía de mercado como la nuestra (no solo de hecho sino también de derecho, puesto que así lo fijan las leyes que tenemos), la iniciativa corresponde al sector privado, mientras que al Gobierno compete cubrir sus carencias y fallos, mediante la provisión de bienes y servicios públicos, las ayudas y la regulación.

De ahí que ante el reto de buscar un nuevo modelo de crecimiento económico, el Gobierno Vasco no debiera erigirse en el primer y principal protagonista. Bastaría con que hiciese bien su trabajo: ser eficiente en lo que le compete,  facilitar las cosas y no entorpecerlas, despejar incertidumbres y no crearlas,  orientar, ayudar, avalar ….Sólo en última instancia debería invadir el campo privado. Pondré sólo un ejemplo: si se necesita construir VPO, o viviendas con destino al alquiler, o viviendas que incorporen paneles solares…, que no se precipite a construirlas, sino que ayude a hacer, facilite su construcción, la avale si es preciso; que, ante todo y sobre todo, sea un buen hacedor, como algunos teólogos afirman de Dios, alguien que haga ‘hacer’.