Cuando el rico es rehén del pobre, o historias de ‘country risk’

“Si debes a un banco mil euros, tienes un problema; pero si le debes mil millones de euros, quizás el problema lo tenga el banco”. Esta irónica frase, que, a modo de corolario, orna la literatura sobre la negociación de la deuda del llamado ‘Tercer Mundo’, ayuda a entender por qué conviene muchas veces a los países acreedores moderar sus exigencias e incluso condonar parcialmente las deudas; y ello no tanto por motivos morales cuanto por mera racionalidad económica.

He aquí una breve explicación: Cuando la deuda en cuestión es tan alta que satisfacerla conlleva enormes sacrificios sociales para el país endeudado, éste puede refugiarse en su soberanía política para no sucumbir ante la opresión financiera, declarándose insolvente y negándose a seguir sirviendo a los acreedores. Como éstos prevén que el plante es altamente probable (tanto más cuanto mayor sea la deuda) y su objetivo es rescatar la mayor cantidad de lo que se les debe (principal e intereses), preferirán el rescate cierto de una parte apreciable, ofreciendo una condonación parcial, antes que exigir todo y arriesgarse imprudentemente a perder casi todo.

Algo parecido puede decirse de las inversiones directas en el exterior, es decir, de las grandes empresas que se establecen en el extranjero para desarrollar actividades extractivas, industriales, comerciales o financieras al amparo de la legislación allí vigente. Este tipo de inversiones suelen ser irreversibles, al menos a corto y medio plazo, por lo que las empresas ya instaladas quedan a merced de los Gobiernos soberanos del país anfitrión, los cuales, invocando intereses nacionales, pueden tomar ‘ex post’ decisiones regulatorias o políticas que cercenan derechos económicos reconocidos ‘ex ante’. Es el ‘country risk’, o ‘riesgo país’ en español, que suele emerger con tanta más virulencia cuanto más lucrativo resulte el negocio de la empresa extranjera, más dimensión y valor alcance ésta y más beneficios repatrie a su país de origen; adicionalmente, este tipo de riesgo se agudiza cuando el coste económico, social y político de tomar tales decisiones es relativamente bajo.

Quienes estén familiarizados con las opciones financieras (derechos de compra o venta de activos financieros a precios prefijados, llamados también precios de ejercicio) lo entenderán mejor, si cabe, caracterizando la inversión directa en el exterior como una opción de compra (tipo expropiación o apropiación de derechos) de la empresa instalada, que el inversor crea inevitablemente a favor del Gobierno del país donde se establece, derecho que éste puede ejercer en cualquier fecha futura, si lo juzga conveniente, a un precio que engloba los costes totales previsibles que tal ejercicio le puede acarrear (indemnizaciones, pérdida de eficiencia en la gestión de la empresa expropiada parcial o totalmente, impopularidad nacional, desprestigio y represalias internacionales etc.). Como bien saben los entendidos en opciones, una opción ‘call’ o de compra se revaloriza tanto más cuanto más aumenta el valor del activo subyacente (en este caso, el valor de la empresa extranjera) y cuanto menor sea el precio de ejercicio (los costes ya mencionados). Así pues, conforme mejor le va a una empresa en el extranjero, la tentación de los Gobiernos anfitriones para succionarla toda o en parte suele crecer. La mejor estrategia para prevenirla y arruinarla es establecer un precio de ejercicio suficientemente alto. En este sentido, una forma amable de proceder por parte de la empresa extranjera es velar también por la calidad de vida del entorno local donde se ubica con programas de formación, empleos y salarios dignos, obras sociales y demás actividades de responsabilidad social corporativa, de modo que esta fuente de bienestar social se seque si la empresa es expropiada.

¿A dónde quiero llegar tras este largo preámbulo? A una breve reflexión sobre el ‘country risk’ que afecta a determinadas inversiones españolas en Iberoamérica, riesgo que se ha avivado tras el desencuentro verbal entre el monarca español y el populista presidente venezolano en la reciente XVII Conferencia Iberoamericana de Santiago de Chile, cuyo objetivo era precisamente la promoción de la cohesión social en esta zona. Ambos perdieron las formas, hundiéndose en el desprestigio (también el rey de España, aunque les pese a tantos cortesanos ‘lame-culos’) pero, a cambio, han reflotado la cuestión de fondo, lo cual puede venir bien a todos, según el refrán “No hay mal que por bien no venga”. Sí, puede ser bueno para ambos tipos de países, los de origen y los de destino de las inversiones, reflexionar sobre ellas, sobre los beneficios y costes respectivos, sobre las ingerencias de unos en otros, sobre los pecados del pasado y las virtudes que pueden practicarse en el futuro, etc.

Días después de dicha Conferencia, y de la escalada de declaraciones hostiles del bravucón Hugo Chávez, los presidentes de grandes empresas españolas (BBVA, Iberdrola, Repsol, y Telefónica) con intereses en esta zona aprovecharon el acto de apertura del IX Foro Latibex organizado por la empresa Bolsas y Mercados Españoles para celebrar la actual bonanza económica iberoamericana y sugerir políticas de fomento de las inversiones, no sin advertir que nada las desincentiva más que la inseguridad jurídica o incertidumbre política. Especial mención merecen las palabras de Antoni Brufau, presidente de Repsol, quien se lamentó de que algunos países latinoamericanos (refiriéndose veladamente a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, y otros países muy críticos) no aprecian, en su justa medida, los beneficios de la inversión privada para su economía y población, añadiendo que “no podemos ser percibidos como compañías que sólo buscan ganar dinero”.

Tienen razón las grandes empresas españolas cuando se quejan de los populismos desbocados y piden que callen los líderes demagogos, porque bajo el ruido de sus soflamas, en la mayoría de los casos, sólo prospera sigilosamente la corrupción; pero no tienen toda la razón si ellas, a su vez, callan y no hablan con el fervor de los hechos, y en especial, con la aplicación en aquellas tierras de los códigos de responsabilidad social corporativa que tanto pregonan en España.