Sobre la urbanidad de nuestro urbanismo
La corrupción urbanística ha prosperado debido a una mala (a veces sólo negligente, pero en muchos casos perversa) gestión del suelo por parte de organismos municipales regidos o tutelados por los partidos políticos. Las ratas (o amantes del dinero sucio) se han cebado a través de irregulares autorizaciones para edificar o modificar el volumen de edificación y abusivas recalificaciones del suelo (de rústico o industrial a urbano), y han sido de razas diversas, desde propietarios de terrenos, pequeños y grandes empresarios de la construcción, sociedades promotoras, notarios y registradores de la propiedad hasta, obviamente, los concejales, alcaldes, y sus asesores, que se han beneficiado o bien por cuenta propia (su propio lucro) o bien por cuenta ajena (en interés de las arcas del Ayuntamiento o del partido político en el que militan).
Es bien sabido, aclarando esto último, que muchos Ayuntamiento carecen de recursos suficientes para hacer frente a los servicios públicos que se les reclama, y que la sed de financiación de los partidos políticos no se calma con las asignaciones oficiales del Estado y de las Comunidades Autónomas. Está bien que, por fin, estos últimos reaccionen y enarbolen banderas de limpieza urbanística. Pero, ¿por qué lo hacen tan tarde? ¿Lo hacen realmente por decencia, o porque, alertada ya la opinión pública y estando cercanas las elecciones municipales, ha dejado de ser opaca y oportuna esta fuente de ingresos turbios? En cualquier caso, no parecen buenos modales rasgarse las vestiduras, proponer decálogos y anunciar purificaciones pocos meses antes de la cita con las urnas.
Pensemos ahora en el desembarco de ACS-Dragados en Unión Fenosa y en Iberdrola, de Acciona en Endesa y de Sacyr en Repsol YPF. Al parecer, y al margen de si hay o no estrategias políticas para salvaguardar el control nacional del sector energético español, estas empresas y sus propietarios, que se han cebado con el ‘boom’ (o pelotazo) de la construcción, buscan nuevas rutas de negocio y beneficio. Como la jugosa construcción de inmuebles, basada en los bajos salarios de los inmigrantes y en el saqueo del suelo, toca a su fin, y sobre todo, la demanda de pisos resopla ya en su loca carrera frenando a su vez la escalada de precios, estos nuevos ricos han olisqueado el queso del negocio energético. Convertidos ya en grandes accionistas de las empresas arriba mencionadas, mediante aportación de fondos propios y recurso a deuda bancaria, confían en los dividendos energéticos futuros para cubrir sus cargas financieras. Y es que tampoco aquí hay recato: los gestores de las eléctricas se quejan de que las tarifas que cobran a su clientela son deficitarias exigiendo revisiones al alza, sin que les frene en su reivindicación el gran beneficio que están obteniendo en su negocio global. Como, al parecer, el Ministerio de Hacienda se muestra comprensivo ante esta demanda, nuestros nuevos ricos especulan con el lucro que pueden conseguir, como accionistas, con el alza del precio de la luz suministrada a los inmuebles que han construido en años pasados. ¡Qué modas, y modales, imperan en el mundo de los negocios!
Dicen los historiadores que las urbes surgieron como focos de civilización. Hacer urbe, o urbanizar, ha significado progreso, mejora social, higiene… Hoy, al amparo de cierto feudalismo político, ¿no hemos padecido el festín de las ratas, esto es, un urbanismo sin urbanidad?. Y si es así, ¿qué raticida convendría aplicar?. ¿Acaso predicar antes de las elecciones?. ¡Qué locura!. Se atribuye a Benjamín Disraeli (Ministro de Economía y Hacienda del Reino Unido a mediados del siglo XIX) la siguiente frase: «Si algo enloquece a los hombres más que el amor es la cuestión del dinero». ¿No nos habremos vuelto locos?.
Por supuesto que no soy un exégeta del urbanismo, ni siquiera un conocedor del tema soy simplemente un ciudadano de a pie que intenta con su opinión contribuir al debate sacado a colación por el inclito Jose Mª de quien me aprecio ser un buen amigo.
En la mayoría de ocasiones resulta fácil e incluso «progre» atribuir la culpabilidad a los partidos políticos sin querer eximirlos de ello considero que hay una simbiosis de responsabilidad compartida por los Banca que se lucran con los préstamos hipotecarios concedidos y los constructores-promotores que consiguen lucrarse con recalificaciones llevadas a cabo por la plutocracia de turno y de los partidos instalados en el poder gracias a las leyes (poderes)legisladas a la carta les permiten autofinanciarse y en algún caso lucrarse a costa de la recalificación de terrenos que aunque tienen que ser aprobados por instancias superiores léase Diputaciones no constituye más que un puro trámite ya que en ellas gobiernan los «colegas» de turno que a causa de la Ley de Financiación de Partidos que tenemos son beneficiarios directos de las citadas recalificaciones.
Quisiera para terminar presentar mis más serias dudas frente a la nueva Ley del Suelo (no sé si ya aprobada en el Parlamento Vasco)que según tengo entendido va a permitir «calificar» el tipo de suelo a los Municipios mayores de 5000 habitantes en el País Vasco.
¡Que Jaingoikoa nos coja confesados!
Mi amigo Eduardo muestra preocupación ante el hecho de que los municipios relativamente pequeños (con población no inferior a los cinco mil habitantes) puedan tener todavía más competencias que las que ya tienen en la gestión del suelo. Su preocupación es razonable. Porque, ¿están suficientemente preparadas estas entidades locales para gestionar en pro del bien común (y no del privado o del partido) un recurso natural, como la tierra, que es tan importante desde el punto de vista económico y social y tan escaso ya en algunas poblaciones? ¿No estamos otorgando competencias legales a incompetentes funcionales? En las últimas décadas, nos ha hechizado la palabra descentralización y hemos descentralizado tanto que el poder administrativo ha llegado hasta gente con escasa calidad profesional, con una ética dudosa y con más servidumbre política que vocación de servicio a sus paisanos.¿Estábamos preparados para tanta y tan compleja descentralización? Me temo que no. La corrupción política, que no es un problema exclusivo de aquí, ha llevado a pensar y decir que “la política es demasiado importante para dejársela sólo a los partidos políticos”, y en consecuencia, a promover movimientos sociales (ONGs y demás) mediante los cuales los ciudadanos puedan supervisar, controlar, e incluso participar más directamente en la toma de decisiones sobre aquellos asuntos públicos cuya gestión no se pude confiar a la miopía (o interés de corto plazo y partidista) de los políticos. ¿La gestión del suelo no es asunto público demasiado importante para dejarla sólo en manos de los políticos locales? ¿No deberían movilizarse los ciudadanos para fiscalizar más directamente a sus representantes políticos?